El nuevo CANON ya llegó!
La nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) se ha aprobado definitivamente en el Congreso de los diputados con los votos de PSOE, PP, CiU, Izquierda Unida y Coalición Canaria, mientras que ERC y PNV se han abstenido.
Esta ley generaliza el canon en favor de las entidades de gestión de los derechos de autores. El artículo 25 de la Ley considera que el canon es un derecho "irrenunciable" para los autores. Se aplicará a cualquier soporte susceptible de grabar y reproducir archivos, lo que significa no sólo CD y DVD vírgenes, sino también reproductores de MP3, teléfonos móviles, escáneres, impresoras o lápices de memoria. De esta forma, todos estos artículos experimentarán incrementos de precio cuando se les añada el canon.
La nueva LPI aclara que la copia privada de una obra debe ser realizada por una persona física para uso privado y a partir del original. Pero al reconocer este derecho, esta norma debería prohibir los sistemas anticopia, o que los autores que publican sus obras con la protección de estos sistemas no pudiera percibir su correspondiente porcentaje de canon, pero la ley, incoherentemente, no previene ninguna de estas dos situaciones.
La nueva LPI por un lado, extiende a nuevos soportes el cobro de un canon cuya única justificación no es la piratería sino la copia privada, es decir, la que realizan los particulares sin ánimo de lucro. Por otro, permite a las empresas proteger sus productos contra copia y penaliza que estos dispositivos anticopia sean violados, de modo que los consumidores deberán pagar un impuesto a una entidad privada por un derecho que la misma ley les impide ejercer.
La ley, como era de esperar, no prevé ningún mecanismo para que parte del canón se reinvierta socialmente mediante asignación de una parte de los fondos recogidos se repartan entre autores, editores y fundaciones que publican su obra sin ánimo de lucro, mediante licencias como la GPL o Creative Commons.
Respecto de los resúmenes de prensa, la ley elimina de hecho el derecho a la "cita" para "las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa", puesto que no reconoce expresamente este derecho pero, sin embargo, reconoce el derecho de los editores para reclamar una “remuneración equitativa”. Entre otras incertidumbres, expertos jurídicos también apuntan a los servicios de noticias de webs como Google o Yahoo, que podrían ser considerados revistas de prensa, y provocar un conflicto donde no existía.
No resulta de extrañar que socialistas, comunistas y nacionalistas, que carecen de respeto alguno por los derechos individuales y las libertades de los ciudadanos, apoyen esta ley. Sin embargo, que el PP haya votado a favor de la misma demuestra que sólo es un partido liberal los días impares, y que además carece por completo de ninguna visión electoral estratégica.
La aprobación de esta ley es una mala noticia, pues aumentará los costes de la tecnología en un país que ya ha descendido por detrás de Portugal en el índice de competitividad tecnológica y, además, lo hará para que unos pocos privilegiados puedan vivir a costa de los demás gracias al Estado.
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